La reciente tragedia de las tres muertes por envenenamiento causada por una fumigación realizada con Fosfuro de Aluminio (fosfina), cuyo uso está restringido por la Ley No. 311-68 que regula los insecticidas, zoocidas, fitocida y el Reglamento N° 388-88, evidencia la necesidad de un mayor ejercicio en el control de calidad tanto en los productos usados como en la permisología que valida la capacitación y el conocimiento en el manejo adecuado de estos peligrosos compuestos químicos.
Es importante que conozcamos el peligro que corremos por existir un régimen de consecuencias ineficiente. Por ejemplo, el riesgo que se genera por el uso abusivo y excesivo de estas sustancias en el proceso de producción agrícola de los alimentos, incluso el uso de fertilizantes cuyo uso está prohibido o en desuso en el país.
Vamos a los supermercados, compramos los alimentos desconociendo que posiblemente nos estemos comiendo algo que puede causarnos la muerte, si la muerte. Pues una de las causas de la gran cantidad de ingestas con elementos cancerígenas es causada por alimentos que se producen en el país y que en los mismos han intervenido en su producción, fertilizantes, pesticidas, plaguicidas para garantizar el “éxito” de la cosecha.
Ni hablar de los medicamentos que se les proporcionan a los animales en el sector agropecuario o las sustancias químicas para producir alteraciones en su crecimiento, como los químicos utilizados en la producción avícola (pollos y otros) que pueden ser tóxicos para los animales y las personas que los consumen.
Además, estos químicos pueden contaminar el medioambiente y afectar a otros organismos que viven en él.
Es importante que exista un régimen de consecuencias efectivo para las empresas de fumigación y control de plagas, producción farmacéutica, industrias involucradas también en la producción tanto agrícola como agropecuaria y claro no podemos olvidar el manejo y almacenamiento de los compuestos químicos, en las zonas francas e industrias cuyas materias primas o proceso de producción involucren el uso de las mismas, para no terminar en una tragedia similar a la ocurrida en la provincia de San Cristóbal el pasado agosto de 2023.
Son muchos aspectos a abordar, que debe incluir la actualización de las leyes que regulan estos procesos de producción, comercialización, almacenamiento, manejo, uso y distribución conjuntamente como a las empresas que trabajan con compuestos o sustancias químicas que representan algún nivel de peligrosidad para la salud humana o para el medioambiente.
Leyes como la 311-68 que tiene 56 años vigente, necesitan y deben ser modificadas, los compuestos como la Fosfina deben cambiar su estatus de uso de restricción por prohibición para disminuir al máximo las posibilidades de tragedias como las ya mencionadas, así como los casos de intoxicación y el consumo de alimentos contaminados con sustancias cancerígenas, elevando así la calidad de vida y la seguridad de los dominicanos y dominicanas.