En la trama social de República Dominicana, las personas con discapacidad enfrentan una serie de retos y desafíos que obstaculizan su participación plena y efectiva en la sociedad. Estas barreras, tanto físicas como sociales, no solo limitan su desarrollo personal, sino que también nos interpelan como comunidad a reflexionar sobre la urgencia de construir un entorno más inclusivo y justo. Según datos del Censo Nacional de Población y Vivienda de 2010, en nuestro país residen aproximadamente un millón doscientas mil personas con algún tipo de discapacidad, lo que representa cerca del 12% de la población. De ellas, el 56% son mujeres, lo que nos recuerda la intersección entre discapacidad y género en el análisis de la vulnerabilidad social. La Constitución Dominicana, en su artículo 58, así como la ley 5-13 y su reglamento de aplicación 363-16, establecen el marco legal para la inclusión de personas con discapacidad, mandando la creación de políticas públicas que garanticen sus derechos en igualdad de condiciones con el resto de la ciudadanía. Sin embargo, la realidad muestra que aún estamos lejos de cumplir con estas disposiciones, especialmente en lo que respecta a la integración laboral y la accesibilidad educativa. Uno de los mayores retos radica en la falta de oportunidades laborales. A pesar de que la ley dispone que el 5% de la nómina pública y el 2% de la nómina en empresas privadas deben estar compuestas por personas con discapacidad, esta cuota rara vez se cumple. Esta situación limita el desarrollo efectivo de este grupo poblacional y perpetúa su dependencia económica. En el ámbito educativo, las barreras arquitectónicas y la falta de recursos adecuados dificultan el acceso a una educación inclusiva y de calidad. La infraestructura de muchas instituciones educativas aún no está adaptada para ser utilizada por personas con discapacidad, lo que restringe su derecho a la educación y, por ende, a un futuro prometedor. Ante esta realidad, es imperativo que el Consejo Nacional para la Discapacidad (CONADIS), en colaboración con otras instituciones afines, el sector privado y la sociedad en general, unan esfuerzos para implementar las condiciones necesarias que garanticen la inclusión y el bienestar de las personas con discapacidad. Esto implica no solo cumplir con las cuotas de empleo establecidas por la ley, sino también asegurar la accesibilidad en todos los ámbitos de la vida pública y privada. La inclusión de las personas con discapacidad no debe ser vista como una obligación legal, sino como una oportunidad para enriquecer nuestra sociedad con la diversidad de talentos y perspectivas que este grupo aporta. Solo así podremos avanzar hacia una República Dominicana más inclusiva, equitativa y próspera para todos sus habitantes. Por:  Kimberly Taveras D